Los salarios de los trabajadores públicos no deben recortarse más

En este momento lo que está en juego es la defensa de los salarios de todos los afectados por los recortes. No se puede admitir que ningún colectivo de trabajadores, ninguno, sea tratado o aspire a ser tratado de una manera distinta a los demás. De lo que se trata, a mi juicio, es de

1. Garantizar el empleo de todos los hombres y mujeres que tienen un trabajo que depende de cualquier organismo directa o indirectamente relacionado con la Junta de Andalucía: funcionarios, personal laboral, interinos, trabajadores del sector público...

2. Mantener todos los servicios públicos. Todos los que existen en la actualidad. Sin acabar, como ha sucedido ya en otras comunidades autónomas, privantizándolos o desmantelándolos.

3. Hacer lo imposible para evitar los recortes salariales de los empleados públicos y del sector público, sea cual sea el tipo de relación laboral que tenga con la Administración.

Hay que hacer lo imposible por encontrar una solución igual para todos. No puede ser que el Partido Popular, responsable último de los recortes, practique en Andalucía un ejercicio de insólito funambulismo y se alinee con los planteamientos corporativos de sindicatos que defienden los intereses de colectivos minoritarios si se comparan con el número total de trabajadores afectados.

Sindicatos corporativos que venden solo demagogia barata. Confusión. Que intentan patrimonializar unas reivindicaciones que en absoluto son exclusivamente suyas. No parece de recibo presentarse como adalides de unos derechos en los que únicamente están dispuestos a creer si los beneficiados son ellos. Con lo que demuestran que les importa muy poco la suerte de los interinos, de los eventuales y del resto de los trabajadores del sector público que no sean ellos.

Sindicatos corporativos que, ante los recortes, no tienen ningún reparo en señalar con el dedo quiénes quieren que sean las primeras víctimas con tal de que no les toque a ellos. Además de insolidaria, esta postura me parece muy poco inteligente. Porque al enfrentar los intereses de unos colectivos con otros y no apostar por un frente común, lo único que están haciendo es marcar la senda al patrón común, que es el gobierno andaluz, para que actúe con las manos libres cuando llegue el momento.

La ampliación de jornada de 35 a 37 horas y media semanales —a cuyo cumplimiento obliga el PP— provocaría el excedente de personal directamente en el ámbito de la Administración Pública (Sanidad, educación...) y en el de la Administración General (funcionarios y personal laboral) y en las empresas públicas.

Y ante la disyuntiva de la Junta de apostar por el empleo o la reducción de salarios, los sindicatos corporativos optan por el blindaje de los salarios y los derechos de cada colectivo de la administración pública, tenga el coste que tenga para el empleo.

Eso no puede ser. La solución del problema nunca puede ser que haya enfrentamiento entre los trabajadores como parecen preconizar determinados sindicatos corporativos. Un enfrentamiento que derivaría en la pérdida de su trabajo para muchos interinos, pero que finalmente deja al descubierto para futuros recortes a quienes hoy defienden esta solución.

Para la UGT, la solución al problema pasa por un frente común. La situación hay que afrontarla pensando en los 270.000 trabajadores afectados. En todos ellos. Sin marginar ni a uno solo. Por eso creo que hay que denunciar claramente a quienes, desde el corporativismo, se equivocan cuando defienden compartimentos estancos.

Y la Junta tiene que entender que si presta su plan de ajuste a un proceso de negociación esto implica la disponibilidad a modificar el contenido de ese plan sin pretender en primer lugar cargar sobre los salarios, sí o sí, una reducción de 777 millones de euros.

Consideramos que los trabajadores afectados deben implicarse personalmente en la defensa de sus intereses. Estudiamos por ello la celebración de un referéndum.

M.P.

Este artículo fue publicado este miércoles, 30 de mayo, en la Tribuna de opinión del diario El País

El recorte en las políticas activas de empleo es un verdadero mazazo para los parados andaluces

Las drásticas reducciones que el gobierno del PP ha dictaminado en el dinero que se dedicará este año a las políticas activas de empleo es, como ya vengo diciendo en estos últimos días, un verdadero mazazo para los parados andaluces.

No se puede tratar por igual a todas la Comunidades Autónomas sin tener en cuenta el número de desempleados de cada una.

La reducción lineal decidida por el gobierno es del 57% (cincuenta y siete por ciento) para todas las autonomías, pero esta manera de hacer el reparto repercute muy negativamente sobre los más de un millón de parados que tenemos en Andalucía porque nuestro porcentaje de desempleo es sensiblemente mayor que el que existe en otras comunidades.

No es lo mismo quitarle el 57 por ciento al País Vasco, con un porcentaje de paro del 13,5 por ciento, o a Madrid, que no llega al 19 que aplicar ese criterio en Andalucía donde el porcentaje de desempleo supera el 33 por ciento.

Y además, en el redondeo final nos han quitado por lo militar otros 35 millones de euros. 

Traducido en números eso significa que los 790 millones de euros de los que hasta ahora disponía Andalucía para políticas activas de empleo se ven a quedar reducidos a 300 escasos.

Esto demuestra que los parados al PP, a pesar de que no se le caen nunca de la boca, a la hora de la verdad le importan muy poco.

Por eso en UGT planteamos la necesidad de negociar y optimizar los recursos disponibles con medidas que realmente supongan la mayor ayuda posible para los parados en la búsqueda de empleo.

En ello estamos 

M.P.

Estamos dispuestos a convocar huelga contra los recortes de la Junta

Vamos a ver si dejamos alguna cosas claras de una vez por todas

UGT y CCOO están dispuestos a convocar huelga en Andalucía

- en defensa del empleo público 

- por el mantenimiento de los servicios públicos 

- contra los recortes salariales y de derechos laborales en el sector público andaluz 

CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) y otros sindicatos corporativos protestan solamente por los recortes salariales que el gobierno andaluz se propone aplicar a determinados colectivos,  pero no por los problemas que tiene un total de más 260.000 trabajadores afectados. 

UGT y CCOO consideramos que lo que tiene que hacer la Junta es modificar sus criterios para que no recaigan sobre los salarios de los empleados públicos los 777 millones que han anunciado como recorte directo a los sueldos. 

Empezando porque sobre la proporcionalidad de lo que le toca a determinados empleados públicos hay mucho que hablar. Y no digamos ya cargos públicos, que deberían aplicarse cuanto antes esa "ejemplaridad" que tanto predican. 

Lo que aquí está en juego es la defensa de los salarios de TODOS LOS AFECTADOS por los recortes.  Para nada se puede admitir que se privilegie la defensa de un determinado colectivo frente al resto.  Y esa defensa pasa por 

- garantizar el empleo de absolutamente de todos los hombres y mujeres que tienen un trabajo que depende de cualquier organismo directa o indirectamente relacionado con la Junta de Andalucía: funcionarios, personal laboral, interinos, trabajadores del sector público... 

- la permanencia de los servicios públicos 

- una clara oposición a los recortes salariales de los empleados públicos 

Estamos dispuestos a convocar a todos los trabajadores del sector público a una huelga durante el tiempo que ellos decidan para que la Junta modifique sus criterios del plan de ajuste. Para conseguir que no recaigan sobre los empleados públicos los recortes cuya aplicación se ha anunciado. 

Y no estamos dispuestos a tolerar que el Partido Popular, responsable último de estos recortes, practique en Andalucía un ejercicio de insólito funambulismo y escenifique en el parlamento una pantomima junto a un sindicato corporativo como el CSIF que no tiene el más mínimo interés en preocuparse por el destino de ningún trabajador público que no sean ellos mismos. Son el diez por ciento, como mucho, del total, -y no todos pertenecen a estos sindicatos- haciendo ruido para confundir a todo el mundo, manipulando la información que trasciende a los medios e intentando presentarse como defensores de algo en lo que ni creen ni piensan defender. 

El CSIF y otros sindicatos corporativos, en la onda del Partido Popular, venden solo demagogia barata. Confusión. Y ni UGT ni CCOO, que representamos a la gran mayoría, vamos a tolerar más este juego torticero que solo busca confundir a los trabajadores públicos y a la opinión pública.

No se puede tener tanta cara. No se puede intentar patrimonializar unas reivindicaciones que no son suyas. O no son solo suyas. No se puede intentar presentarse como adalides de unos derechos en los que no creen.  O en los que creen solo sin son para ellos.

Porque tanto el CSIF como los demás sindicatos corporativos que se mueven en la órbita del Partido Popular conocen de sobra que si alguien está en contra de los recortes que pretende aplicar la Junta, ese alguien somos nosotros: UGT y CCOO.  Estamos radicalmente en contra de los recortes que afectan a todos, no sólo de los recortes que afectan a un exiguo porcentaje del total, que es a lo que aspira este sector elitista e insolidario.

Un sector que únicamente aspira a mantener sus privilegios, y al que le importa un comino la suerte de los interinos, de los trabajadores del sector público y de todos aquellos que no hayan aprobado una oposición.

Un sector que practica, como digo, el más impresentable de los elitismos y que, aliado con el PP y amplificado por sus voceros mediáticos, venden una mercancía falsa pero con un envoltorio que confunde y alarma en estos tiempos en que todo el mundo está temiendo por su futuro laboral.

Por eso creemos que hay que desenmascararlos y denunciar su descaro. Que lo sepan ellos y que lo sepan los 260.000 afectados. 

Como decíamos al principio, UGT y CCOO queremos ir a la huelga contra los recortes de la Junta. Tenemos la voluntad de que el gobierno andaluz se replantee los "hachazos".

Queremos huelga

Pero queremos que sean los trabajadores los que tomen la decisión sobre si  HUELGA, SÍ;  HUELGA NO y por cuánto tiempo. Para ello proponemos la celebración de un referéndum entre los más de 260.000 trabajadores andaluces sobre los que pende la amenaza de verse afectados por los recortes.

Ya está bien de que el CSIF y demás adláteres intenten patrimonializar lo que no es suyo. Porque no es suya la defensa de todos los trabajadores de la función pública andaluza. Sólo la de unos cuantos privilegiados alineados con la política del Partido Popular, el mismo que ha dejado sin trabajo a miles de funcionarios en otras comunidades, que ha cerrado hospitales, que ha privatizado centros públicos...

Repito y con esto acabo: lo único que le importa a sindicatos corporativos como el CSIF es mantener su estatus. El suyo, y a los demás que los parta un rayo, incluidos aquellos que, aún teniendo el mismo estatus que ellos están afiliados a UGT o a CCOO, o simplemente no coinciden con sus planteamientos,. Que también son muchos.

Así que hasta aquí ha llegado la broma. Proponemos ir a la huelga para defender lo que a todos nos parece  justo. A todos. No solamente a ellos. Y para tomar la decisión, consultemos a los trabajadores. A todos. Cuanto antes.

M.P.

10 exigencias de UGT ante el recorte andaluz de 2.700 millones

Me parece fundamental que quede claro que UGT nunca ha compartido, ni comparte ni compartirá los ajustes de recorte en los servicios públicos, ni de los derechos y salarios de los empleados públicos, y trabajadores del sector público.

Desde que el gobierno de Zapatero recortara el cinco por ciento de los salarios de los empleados públicos el 20 de mayo de 2010 hemos manifestado siempre nuestra más contundente oposición a este tipo de medidas. Y hemos llevado a cabo, además, todo tipo de movilizaciones.

Se convocó una huelga general el 8 de junio de 2010 en el sector público y el 29 de septiembre una huelga general en todo el país. A lo largo de los últimos meses nos hemos movilizado permanentemente contra los recortes de derechos y de los servicios públicos impuestos por el gobierno del Partido popular. No hemos sido pues, y no empezaremos ahora, cooperadores ni activos ni pasivos de toda esta sucesión de recortes de derechos en todos y cada uno de los territorios de este país.

En el momento actual, y frente a los ajustes de 2.700 millones que la Junta de Andalucía ha anunciado tras pasar el "examen"  del Consejo de Políticas Fiscal y financiera, quiero aprovechar este post para dejar constancia por escrito de nuestra posición, considerando que el gobierno de la Junta debería tomar buena nota.

1. UGT no acepta ni cierres, ni privatizaciones, ni despidos, ni reducción de las prestaciones de servicios públicos. Y exigimos un compromiso por ley que  garantice que esto será así efectivamente. 

2. Proponemos y exigimos que todas las medidas que se concreten en Andalucía durante los próximos días, semanas o meses y afecten a los empleados públicos, se tramiten vía Parlamento y se adquiera un compromiso por ley de recuperación de cada una de las medidas que afecten a cualquier empleado público, tanto en derechos como en retribuciones. 

3. La información a los agentes sociales exige absoluta transparencia sobre todas las partidas presupuestarias y los conceptos susceptibles de recortes, antes de afectar a la nómina de los trabajadores. 

4. Antes de recortar la nómina de los empleados públicos es absolutamente imprescindible tener la garantía de que no es posible aminorar otras partidas presupuestarias.

5. Todos los cargos de la Junta de Andalucía, bien sean políticos, bien de libre designación, deben experimentar una rebaja en sus salarios superior a la de aquellos funcionarios que más recortes salariales acaben sufriendo. 

6. Reducción del número no solo de altos cargos públicos que actualmente existen en la Junta de Andalucía, sino también del excesivo número de cargos intermedios de libre designación, así como de asesores. 

7. Ningún cargo directivo o de libre designación de la Junta de Andalucía, o del sector público empresarial, puede ganar más que el presidente. De igual manera ningún cargo directivo, ni empleado de la estructura de las empresas públicas o entes instrumentales debe tener retribuciones superiores a su homólogo en la administración pública.

8. No puede desaparecer ningún concepto retributivo ni complemento de la nómina. De igual manera, no puede desaparecer ningún derecho laboral o social fruto de acuerdos de negociación, o cualquier otra medida. La suspensión temporal se garantizará si estos permanecen latentes. 

9. Exigimos que todas estas medidas no afecten al acuerdo firmado entre UGT y el gobierno andaluz en octubre de 2007  para que ningún empleado de la Junta de Andalucía cobre un sueldo neto inferior a 1.000 euros.

10. Que la administración adquiera el compromiso, una vez terminado el proceso, de enviar a cada empleado público cómo queda su situación laboral y cómo le afecta personalmente cada una de estas medidas.

UGT no asume que los trabajadores y los colectivos sociales con mayores dificultades tengan que seguir pagando esta crisis, cuyos responsables no solo siguen actuando con total impunidad, sino que siguen imponiendo una política económica que hoy los trabajadores reconocemos como errónea y destructiva, y que solo tiene por objeto garantizar e incrementar sus beneficios, de la mano de los gobiernos de la derecha europea y del PP español.

El recorte presupuestario en Andalucía se supone que salvaguarda el empleo, los servicios públicos a los ciudadanos, que afecta a todas las partidas del presupuesto y que, en relación a los trabajadores, el recorte es proporcional a los salarios, según las primeras informaciones del gobierno. Pero aún así, no deja de castigar salarialmente a quienes ya han sufrido ajustes previamente.

UGT responderá a los recortes en Andalucía en la medida que los empleados públicos y los trabajadores del sector público demanden. Dando por sentado que ni antes ni ahora, ni a nivel estatal ni andaluz, estamos dispuestos a suscribir ni avalar ningún recorte, por muy ineludible que éste sea como en el caso andaluz, para un gobierno autonómico.

M.P.

Recortes en Andalucía. Exigimos y emplazamos al gobierno de la Junta a una negociación real

Frente a los recortes de ingresos impuestos por el PP, el gobierno de la Junta de Andalucía parece encontrarse en la siguiente situación: presión del gobierno de la nación, amenaza de intervención, presión inducida de la Unión Europea, dificultades de financiación por la situación de la propia banca y por inducción también… 

El resultado: hay que recortar 2.500 millones de euros de los presupuestos 

En UGT consideramos que está comprobado que la política de recortes que se practica desde hace dos años es errónea y actúa contra el crecimiento económico. Que se trata de un camino equivocado y así lo hemos repetido una y mil veces movilizándonos permanentemente a lo largo de los últimos meses contra esta política. 

Por tanto nuestra posición contra esta política es inequívoca. Una política que tiene sus consecuencias más crueles en la pérdida de empleo y el recorte de los servicios públicos. 

La política económica iniciada en mayo de 2010 y llevada a sus extremos por el Partido Popular desde hace cuatro meses es un fiasco. Que el gobierno del Estado se baje los pantalones continuamente frente a las exigencias europeas es inútil, empobrece nuestra economía y alimenta la continua especulación contra la deuda española. 

Ahora, el gobierno de izquierdas elegido por los andaluces el 25 de marzo se encuentra, a la semana de tomar posesión, con la papeleta de presentar ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera un “ajuste” de 2.500 millones de euros. Es la concreción de los recortes en nuestra Comunidad. Y, se plantee como se plantee, no deja de ser la aplicación de una política que lesiona directamente los derechos de los andaluces. 

Si se aplica como se ha hecho en otras Comunidades Autónomas supondría la pérdida de más de 40.000 empleos entre interinos de la Educación, la Sanidad, Administración general y contratados temporales en el sector público andaluz. En definitiva, todos aquellos que ahora mismo tienen trabajo pero no tienen su plaza consolidada. 

Aunque claro, hay que recordar que la Reforma Laboral que el gobierno de Rajoy aprobó en febrero permite despedir al personal laboral fijo de la Administración. La cuestión es que no se actúe contra el empleo por mucho que haya que recortar. Y que por mucha reforma laboral que lo permita, en Andalucía los 40.000 interinos que a día de hoy tienen trabajo puedan continuar teniéndolo. 

Desde UGT consideramos, en la línea que venimos defendiendo frente a los planteamientos de la derecha, que salvaguardar 40.000 puestos de trabajo es una prioridad absoluta. Ahora bien, esto no justifica que el recorte deba caer mayoritariamente sobre los empleados públicos y los trabajadores del sector público de la Junta de Andalucía. 

La situación del desempleo en Andalucía y las necesidades de servicios públicos por parte de las capas más desfavorecidas de la sociedad merecen una seria reflexión sobre si plantear en Andalucía el mismo tipo de medidas que se han llevado a cabo en otras Comunidades Autónomas es simplemente admisible. Creemos que es algo que no debe ni contemplarse. 

UGT considera que el máximo peso del recorte tiene que recaer sobre aquellas partidas del presupuesto que no tengan incidencia sobre la nómina de los trabajadores de la Administración Pública y Sector Público. 

Exigimos y emplazamos al gobierno a una negociación real y a aceptar como eje de esa negociación y del plan de recortes estos cuatro principios: 

1. La transparencia en la negociación 

2. La equidad en las medidas que se adopten 

3. La progresividad. De manera que los que se vean afectados sean los que tengan más capacidad adquisitiva. 

4. Ejemplaridad. Comenzando los ajustes o recortes por el gasto concerniente a los cargos públicos y a sus salarios 

Más allá de lo que ha planteado el gobierno de la Junta entendemos que una negociación real es la posibilidad de estudiar los conceptos sobre las que aplicar los recortes Insistimos: La mayor parte de los 2.500 millones no puede recaer sobre las nóminas. 

Si el gobierno andaluz realmente se está comprometiendo a no despedir, a no cerrar servicios, a aplicar los ajustes de manera proporcional a los salarios… Si está dispuesto a asumir el concepto de proporcionalidad, si asume un proceso de negociación real en base a la transparencia, entonces acudiremos a las mesas de negociación con la voluntad de sacar lo mejor para los trabajadores. 

En cualquier caso, UGT se reserva su opinión y sus posibles respuestas hasta comprobar la letra pequeña y el planteamiento de negociación. 

M.P.

Lo que pienso de los recortes que se anuncian en Andalucía

Este jueves 17 de mayo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el gobierno andaluz tiene que llevar los deberes hechos, y bien detallados y especificados los apartados de dónde piensa recortar los 2.700 millones de euros que se le exigen.

Como punto de partida, quiero dejar aquí los apartados que, ya esta mañana, he explicado en Córdoba en rueda de prensa

- Griñán tiene que dar ejemplo. Antes de tocar la nómina de un empleado público, tiene que recortar la suya y la de cargos electos.

- La Junta de Andalucía tiene que ajustar con transparencia las partidas de gasto donde se pueda ahorrar

- Los partidos que gobiernan en Andalucía han dicho que aquí se harán las cosas de otra manera. Queremos verlo. Nada de despidos.

- Exigiremos a la Junta de Andalucía que abra un proceso de negociación en toda regla. Un gobierno de izquierdas no puede actuar como el PP

- Insisto: no aceptaremos despidos en el sector público, privatizaciones ni recorte de servicios. Estamos en contra de cualquier recorte, lo haga Agamenón o su porquero.

M.P.

No hay dinero para rescatar a enfermos, estudiantes y trabajadores pero sí para la banca

 ¿Cuánto nos costará a los españoles los usos y abusos en Bankia, joya de la corona de los populares? Algunos medios hablan de que este viernes el Consejo de Ministros podría aprobar “un plan de saneamiento” de unos 10.000 millones de euros. Una cifra redonda que, casualmente todos tenemos en la cabeza porque 10.000 millones de euros es justo el dinero que Rajoy nos quitó a los pacientes de la sanidad pública española y a los estudiantes.

¿Cómo puede el Gobierno plantearse siquiera una nueva ayuda pública a la banca cuando está desmontando el Estado de Bienestar? 

La historia se encargará de recordar que fueron los bancos americanos los que provocaron la crisis actual con su fraude hipotecario.  Y fueron los bancos españoles los que a lo largo de más de una década especularon en el sector inmobiliario llevando a la ruina a cientos de miles de familias esposadas a hipotecas de por vida. Familias engañadas que compraron viviendas sobrevaloradas y que hoy, cuando los pisos valen la mitad que entonces, se han quedado sin casa y en la ruina. Nadie les ha rescatado. 

Eso sí, cuando la especulación estalló en la cara de la banca, los gobiernos salieron en su auxilio con cheques en blanco. Imposible saber ya cuántos miles de millones de euros ha inyectado el Estado para que sus amigos los banqueros puedan seguir jugando con los españoles y embolsándose de paso indemnizaciones, pensiones, contratos blindados o bonus millonarios, tal y como han hecho durante años. Un robo en toda regla que directivos de cajas de ahorro y bancos cometieron ante un Banco de España mudo. El mismo Banco de España que ahora se muestra tan preocupado por exigir la reducción de los salarios de los trabajadores y la desregulación laboral, actuó de forma incompetente y negligente a la hora de supervisar, de controlar los desmanes y el atraco a mano armada de los gestores de unas entidades bancarias que hemos tenido que rescatar y que pretenden sigamos rescatando.

Lo cierto es que todo el proceso de saneamiento de la banca ha sido un desastre garrafal, inmoral e indecente. Desde sus inicios, con la privatización de las cajas de ahorro y la pérdida de su papel social. Era lo más parecido que teníamos a una banca social y su reconversión acabó con los fines económicos y sociales para los que fueron creadas. 

Esa fue la primera concesión a la banca. Después vinieron todas las ayudas públicas, primero con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con Mariano Rajoy.  Igual de indecente en un caso o en otro pero con una salvedad: ahora es Mariano Rajoy el que nos dice una y mil veces que no hay dinero para pagar medicamentos, para la ayuda a la discapacidad, para que nuestros hijos vayan a la universidad… Pero sí lo hay para salvar a sus amigos los banqueros.

Es absolutamente inmoral hacer recaer sobre los ciudadanos los desmanes especulativos de la banca. Actividades delictivas y denigrantes que practicaron durante más de una década sin que ningún organismo supervisase o controlase su gestión. Y el ejemplo de todo esto es Bankia, gobernada a capricho por los populares, utilizada como estructura financiera para sus operaciones en la Comunidad de Madrid y en los ayuntamientos gobernados por el PP, utilizada como oficina de empleo para sus afiliados. Tras una descabellada serie de operaciones de absorción de otras entidades, tras “prestarle” dinero por más de 33.000 millones de euros, ahora el gobierno se propone inyectar “a su caja” un nuevo supuesto préstamo de otros diez mil millones de euros. Me faltan adjetivos para calificarlo.

Ante esto creo que la reacción ciudadana tiene que ser dura y contundente. La reforma del sistema financiero tiene que tener en la calle la misma respuesta que la reforma laboral, sanitaria o educativa. No puede pasar ni un minuto más sin un sistema que realmente nos garantice el control exhaustivo y riguroso de la actividad de las entidades financieras. 

Desde aquí abogo por una banca pública, cada día más necesaria. Esa banca pública que en su día terminó de privatizar el gobierno de Aznar.

M.P.